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Desigualdad en el ejercicio del poder y la toma de decisiones
1. Situación | 2. Propuestas


Situación

Además de la Plataforma de Acción de Beijing, muchos instrumentos internacionales recogen el derecho de las mujeres a la participación en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

La participación igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones no es sólo una exigencia básica de justicia sino también una condición necesaria para que los intereses de las mujeres sean incorporados en el espacio político. La participación en la gestión de los asuntos públicos permite a las mujeres contribuir a redefinir prioridades, incluyendo en los programas políticos nuevos temas específicos y enfoques sobre cuestiones generales. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus conocimientos y experiencias a todos los niveles del proceso de toma de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

Pese al reconocimiento del derecho de las mujeres de participar en la vida política, las desigualdades en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones siguen siendo evidentes y las mujeres no están representadas en los niveles de formulación de políticas teniendo escasa influencia sobre las decisiones en las esferas social, económica y política. Estas desigualdades tienen su origen en el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Así los modos tradicionales de muchos partidos políticos y estructuras gubernamentales, las actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres, la asunción por parte de éstas de las responsabilidades familiares y el elevado costo personal y económico que supone aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos, tiene un papel decisivo a la hora de hacer efectivo su derecho a la participación política.

La presencia de las mujeres en los niveles más altos de adopción de decisiones a escala nacional e internacional no ha cambiado sustancialmente desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. En enero de 2008, 7 de los 150 jefes de Estado y 8 de los 192 jefes de gobierno eran mujeres; solamente el 16% de los puestos ministeriales del mundo estaban ocupados por mujeres y 13 países no tenían mujeres en sus gabinetes. Las mujeres siguen estando en minoría en los parlamentos nacionales; a nivel mundial, en el mismo año, los escaños ocupados por mujeres llegaban a un 18%. Las mujeres siguen insuficientemente representadas sobre todo a nivel de otros órganos ejecutivos y poco se ha conseguido a nivel de puestos directivos.

Pese a su acceso limitado a las vías tradicionales de poder, como los órganos de decisión de los partidos políticos, las organizaciones patronales y los sindicatos, las mujeres han accedido al poder a través de estructuras alternativas, particularmente en el sector de organizaciones no gubernamentales y populares. A través de éstas, las mujeres han podido expresar sus intereses y preocupaciones e incluirlas en las agendas nacionales, regionales e internacionales, avanzando hacia la construcción de nuevas propuestas más cercanas a sus intereses y necesidades. Pese a ello, ni los gobiernos ni la sociedad en general se benefician aún plenamente de todos estos aprendizajes y experiencias para su aplicación en la formulación de políticas, la diplomacia o la negociación.

Es necesario repensar como avanzar hacia la consolidación de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, reconociendo sus formas de organización para enriquecer el espacio público y permitir que en él se represente toda la sociedad. Hay que tender, en definitiva, a un cambio en la manera de hacer política. En palabras de Victoria Camps: “Feminizar a los varones y, por extensión, a la sociedad, podría significar asimismo transformar la manera de hacer política. Transformar la dicotomía entre lo público y lo privado, tanto para que la actividad política sea más compatible con las actividades de la vida privada, como para que la vida pública suavice algunas de sus formas y manifestaciones”.

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